Moyano presentó un proyecto para estatizar por ley la autopista Panamericana y el Acceso Oeste

Moyano presentó un proyecto para estatizar por ley la autopista Panamericana y el Acceso Oeste
Según detalla el proyecto, el paquete accionaria de la empresa quedaría en un 7% para el gremio de los peajistas, que lidera el autor de la iniciativa
Por iProfesional
29.07.2021 07.30hs Actualidad

El diputado nacional Facundo Moyano presentó un proyecto de ley que apunta a la creación de la empresa estatal Autopistas Metropolitanas SA (AUMET), la cual se haría cargo de las concesiones privadas que administran Autopistas del Sol y GCO, ambas del grupo privado español Abertis.

A la luz de la investigación judicial que puso la lupa en las gestiones de renegociación de los contratos de los peajes y control de autopistas por parte de funcionarios de la administración Macri, y a la espera de que concluya una auditoría integral que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas, el legislador oficialista propone que la nueva empresa estatal se haga cargo de los accesos Panamericana y Oeste, en Buenos Aires.

Según detalla el proyecto, el paquete accionaria de la empresa quedaría en un 35% en manos del Ministerio de Transporte, otro 35% para Obras Públicas, 13% para Vialidad, 7% para el gremio de los peajistas, que lidera el autor del proyecto, y el restante 10% para un operador privado designado mediante una licitación pública.

De concretarse la iniciativa, AUMET pasaría a desarrollar actividades equivalentes de mantenimiento y operación de rutas y autopistas a las que desarrolla Corredores Viales SA en la red Cañuelas-Ezeiza-Ricchieri.

La nueva firma estatal también tendrá como facultad la ejecución de obras viales de enlace en los municipios del Gran Buenos Aires por donde pasan la autopista Panamericana y el acceso Oeste.

El proyecto señala que AUMET tendrá por objeto desarrollar por su cuenta o por terceros "la construcción, mejora, reparación, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, financiación, administración, explotación comercial colateral y la prestación de servicios al usuario en las trazas de los accesos Norte y Oeste".

Se propone un directorio de cinco miembros con tres años de mandato, que podrán ser reelegidos en forma indefinida. La presidencia quedará siempre en cabeza de uno de los tres representantes oficiales que enviarán Vialidad Nacional y los ministerios de Obras Públicas y de Transporte.

La iniciativa precisa que se crea 'Autopistas Metropolitanas SA (AUMET), que pasará a ser una empresa que pertenecerá al Estado; y que los peajes pasarán también a ser parte estatal y se harán cargo del mantenimiento vial, tanto de Panamericana como de Acceso Oeste.

El proyecto propone que el Estado Nacional, tenga un 83 por ciento, el gremio que agrupa a los trabajadores de peaje, una parte del 7 por ciento; y el restante 10 por ciento podrá ser de capitales privados.

En los fundamentos, Moyano expresa que su propuesta legislativa "debe ser entendida como una medida superadora" para "mejorar la infraestructura vial existente en el AMBA".

Moyano presentó un proyecto para estatizar por ley la autopista Panamericana y el Acceso Oeste
Moyano presentó un proyecto para estatizar por ley la autopista Panamericana y el Acceso Oeste

Causa penal contra Abertis

La extensión del contrato de extensión de la concesión del grupo español Abertis en las dos principales autopistas del país que firmó el ex presidente Mauricio Macri será objeto de una nueva causa judicial.

En realidad, se trata de un desprendimiento de la causa N° 4730/2019, caratulada "Macri, Mauricio y Otros s/ abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público", que se tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6, Secretaría N° 11 y que investiga, entre otros aspectos, hechos vinculados con la celebración del Acuerdo Integral de Renegociación Contractual celebrado por las sociedades Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GC), en el 2018 con la anterior administración nacional de Cambiemos.

Si bien en un fallo reciente, la jueza María Eugenia Capuchetti, declaró la falta de mérito de cuatro ex funcionarios involucrados en el caso y dejó sin efecto la prohibición de salida del país para el presidente de Ausol, también determinó el inicio de una nueva investigación por supuestas maniobras de lavado de activos que se habrían detectado a partir de la firma del contrato.

En este caso, la magistrada ordenó que las denuncias sean investigadas en otro proceso y, en consecuencia, dispuso que los testimonios que se oyeron en la causa inicial sean remitidos a la Cámara de Apelaciones del fuero para que se proceda a sorteo del tribunal que deberá intervenir en el nuevo proceso.

Es decir, que los ex funcionarios del gobierno macrista y los principales ejecutivos de Ausol y GCO deberán enfrentar otra investigación paralela a la que lleva adelante la jueza Capuchetti sobre supuestos delitos cometidos con la firma del contrato que le dio a ambas sociedades el control sobre las autopistas Panamericana y Del Oeste hasta el 2030, además de condonarles una millonaria deuda en concepto de inversiones que no se concretaron.

La base de la nueva causa es la misma. El contrato que en el 2018 firmaron Ausol y GCO para mantener sus operaciones con importantes beneficios que ahora el Gobierno de Alberto Fernández puso bajo la lupa por entender que existen irregularidades y cláusulas sospechosas.

Entre otras medidas, el nuevo acuerdo estableció una ampliación del plazo de la concesión hasta el 31 de diciembre del 2030; un ambicioso plan de inversión y un mecanismo de compensación de las inversiones no amortizadas que fueron reconocidas en dicho contrato.

También le puso fin a una demanda que la Argentina enfrentaba en los tribunales internacionales del Ciadi por u$s1.240 millones. La denuncia fue presentada por Abertis ante el incumplimiento del contrato de concesión en el que había incurrido el Estado nacional durante el gobierno de Cristina Kirchner.

En su momento, se consideró que el acuerdo de renegociación ponía fin a años de incertidumbres y dificultades que vivieron Ausol y GCO. Sin embargo, las actuales autoridades consideran que se trata de un mal acuerdo para el país que fue concretado a partir de maniobras ilegales.

El último hecho llevado a cabo por la jueza Capuchetti fue dictar el 5 de julio pasado la falta de mérito para los ex ministros macristas Nicolás Dujovne; Guillermo Dietrich y Javier Iguacel, y también para el ex procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías.

Todos habían sido procesados por el ex juez Rodolfo Canicoba Corral en el expediente abierto para investigar la negociación entre el Estado y los concesionarios, pero luego habían sido desvinculados por la Cámara Federal porteña, dejando allanado el camino para que se alivie la situación judicial de los ex funcionarios.

La magistrada entendió que no existen elementos suficientes para dictar nuevamente los procesamientos de los ex funcionarios si bien dejó abierta la posibilidad de avanzar con la investigación al ordenar también que se realice un profundo peritaje sobre el contrato de concesión.

En su dictamen, la jueza fundamentó su posición en "la ausencia de un riguroso examen técnico contable que despeje dudas acerca la cuestión debatida". Es decir, sobre "la determinación del supuesto perjuicio económico que los hechos objeto de estudio habría generado a las arcas del Estado".

Por eso, ordenó la realización de "un estudio contable que permita comprender las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos para corroborar la existencia de uno de los extremos esenciales de la plataforma fáctica".

El examen estará a cargo del Cuerpo de Peritos Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fantasma de Socma

La causa investiga la prórroga de las concesiones por 10 años sin llamar a una nueva licitación, de la Panamericana y el Acceso Oeste; el pago a Ausol y GCO por parte del Estado de casi u$s500 millones por supuestas inversiones no amortizadas; y las condiciones en las que se dio la venta de las acciones que la empresa Socma, controlada por la familia Macri, tenía en Ausol a una desconocida firma local que opera bajo el nombre de Natal Inversiones S.A.

El caso se basa en una denuncia que presentó el diputado nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, contra el ex presidente Macri y varios de sus ministros por delitos e irregularidades advertidos en el proceso de renegociación integral del contrato de concesión en favor de Ausol.

La causa penal también involucra al ex presidente Mauricio Macri y la empresa familiar Socma
La causa penal también involucra al ex presidente Mauricio Macri y la empresa familiar Socma, por su relacion con Ausol

Según relata la denuncia, tres días antes de que Macri asumiera la presidencia, la operadora de la Panamericana "simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el Ciadi por más de u$s1.100 millones por supuestos atrasos tarifarios con el propósito de forzar una renegociación del contrato que derivó en un arreglo, sin que mediara dictamen, auditoría o informe económico financiero sobre la operación por parte de las autoridades, para el pago de u$s499 millones a la demandante".

Para Taillade, la denuncia ante el Ciadi "sólo operó como fachada para justificar un pago que no podría tener respaldo legal ni económico de ningún tipo". Y el acuerdo para evitar el proceso "habilitó un aumento en la cotización de las acciones de Ausol, dada la expectativa de cobro de una importante porción del reclamo, del 400% desde la asunción de Macri hasta mediados del 2017, cuando el grupo Socma decidió vender su participación".

El año pasado, el presidente de Ausol y GCO, Andrés Barberis Martin, presentó un escrito efectuando una detallada explicación, respuesta y valoración sobre los hechos de la denuncia y las pruebas producidas por el juzgado.

Según el informe, del análisis de las pruebas "se desprende con claridad la improcedencia de la denuncia." Barberis acompañó su presentación con carácter de prueba diversa información y documentación respaldatoria de las explicaciones aportadas a las actuaciones.

"Tanto el Sr Barberis como la Sociedad han intentado en todo momento colaborar con la investigación y brindar toda la información y documentación que corrobora la legalidad de lo actuado durante el proceso de renegociación del Contrato", asegura la carta de la concesionaria.

De manera paralela a las causas judiciales, tanto Ausol como GCO vienen acumulando problemas financieros derivados del congelamiento de los peajes que finalizó a principios de julio luego de dos años y medio sin cambios en los precios.

Las dos sociedades acumulan millonarias pérdidas producidas por la imposibilidad de retocar sus ingresos para sostener gastos cada vez más altos y una fuerte caída en la circulación por sus rutas debido a las restricciones impuestas por el gobierno nacional para combatir la pandemia del Covid-19.

A fines de junio pasado, ambas concesionarias fueron habilitadas a incrementar en un 9,9% los valores por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).

Se trata de un porcentaje similar al aplicado en las tarifas de la electricidad y el gas que el Gobierno definió a fines de abril y que fueron del orden del 9% y el 7% respectivamente.

Igualmente, la suba no tuvo en cuenta los reclamos que vienen haciendo Ausol y GCO para retoques mayores que permitan acompañar los movimientos de precios de los costos que deben enfrentar para llevar a cabo sus operaciones.

De todos modos, la decisión termina con un período de congelamiento de peajes que se inició en marzo del 2019, cuando el entonces gobierno de Cambiemos decidió establecer un cepo a los cuadros tarifarios en el marco de un escenario macro económico inestable y como forma de garantizar un auxilio a los bolsillos de los usuarios de las rutas nacionales concesionadas.

El congelamiento fue extendido por el presidente Alberto Fernández, quien avanzó un poco más y prohibió el cobro de peajes entre el 20 de marzo y el 18 de mayo del 2020, período en el que se mantuvo el servicio de emergencia en la red vial concesionada para garantizar el servicio público de tránsito y la seguridad de los usuarios durante la pandemia.

Además, Fernández instruyó al ministro Katopodis a que se abra una investigación sobre el proceso de renegociación de los contratos de Ausol y GCO por entender que son perjudiciales para el Estado y favorecen a las empresas a cargo de las operaciones.

Este proceso continúa de manera paralela a la causa penal y podría derivar en la rescisión de los contratos en el marco de una decisión política que solamente podría tomar el propio Jefe de Estado si sigue con la misma lógica de estatización de otras concesiones que ya se llevaron a cabo.

Mientras tanto, las empresas vienen aplicando una serie de medidas para enfrentar los mayores costos y buscando preservar la caja, reduciendo los gastos pero manteniendo los estándares de calidad y seguridad necesarios, además de negociar con los proveedores para obtener una reducción de los pagos tendiente a mitigar el impacto de las medidas dispuestas por el Estado Nacional contra el Covid-19 y los incumplimientos del régimen tarifario del acuerdo integral.

"La dirección de la sociedad continúa monitoreando permanentemente la evolución de las situaciones mencionadas precedentemente para tomar aquellas medidas necesarias para preservar la vida humana y determinar las posibles acciones a adoptar e identificar los eventuales impactos sobre su situación patrimonial y financiera. El alcance final de los efectos derivados de las medidas dispuestas por la pandemia es aún desconocido e imposible de predecir con seguridad a estas alturas", argumenta la compañía propiedad del holding español Abertis.

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