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Con el Gobierno resignado a aplicar el acuerdo con la UE, los "perdedores" de la apertura inician lobby por compensaciones

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El Gobierno adelantó que enviará al Congreso el proyecto para tratar el acuerdo de tratado de libre comercio entre ambos bloques. Implicancias
Por Juan Diego Wasilevsky
27.01.2020 06.06hs Comex

Los sectores industriales ya están en fase de evaluación de "potenciales daños" ante un acuerdo Mercosur-Unión Europea que estará enviándose al Congreso en un lapso no menor a los siete meses. 

Para el impacto que tendrá en la economía nacional, se trata de un plazo breve. Las Pymes mano de obra intensivas, agrupadas en diferentes ramas de actividad como textil, calzado, marroquinería, juguetes y manufacturas de metal, están empezando a trabajar en un reporte que deberán presentar ante el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en el que deberán resumir los aspectos desventajosos de este tratado de libre comercio que firmó Macri y que ahora tiene que ir a los parlamentos del bloque para que sea aprobado.

Para la administración de Alberto Fernández tampoco es un buen acuerdo. Es más, lo consideran una "pesada herencia" que les legó el anterior gobierno.

El propio Alberto Fernández, cuando era candidato, fustigó el TLC al considerar que ponía en riesgo el trabajo argentino; Axel Kicillof, antes de ser gobernador, habló de "tragedia"; Ariel Schale, actual secretario de Industria, hizo referencia en numerosas ocasiones –antes de ocupar su cargo- a los problemas a los que se exponía a la industria nacional; Paula Español, hoy secretaria de Comercio, lideró un trabajo en el que puso de manifiesto que el pacto bilateral podía poner en riesgo más de 186.000 empleos.

Sin embargo, los funcionarios ahora se muestran más cuidadosos a la hora de exponer su visión de manera pública. Básicamente porque enfrente está Brasil. O, si se prefiere, Bolsonaro, que anticipó que no solo firmará el acuerdo de libre comercio sino que advirtió que no le temblará el pulso para darle de baja al Mercosur si la Argentina se baja del pacto.

Son muchos intereses en juego para un acuerdo que dejará ganadores y perdedores. 

Los que festejan 

El alcance del TLC es muy amplio: en total, la UE liberalizará el 99% de las importaciones agrícolas provenientes del Mercosur y el 100% del comercio de productos industriales. Como contrapartida, este último bloque eliminará aranceles de manera progresiva para el 90% de los bienes industriales.

Como se dijo, se trata de un pacto que llevará 15 años implementarlo en su totalidad, dado que se prevén esquemas de desgravación paulatinos, si bien habrá un grupo importante de productos que pasarán a contar con un arancel del 0% de manera inmediata.

Durante la reunión con empresarios Pymes, cuando les preguntaron a los funcionarios quiénes estaban a favor del TLC, no dudaron al responder: el sector agropecuario y el vivitivinícola.

Desde el sector frigorífico aseguraron que el acuerdo es "positivo". Si bien los volúmenes que se negociaron fueron bajos frente a lo que puede exportar la Argentina, consideran que es mejor tenerlo que no tenerlo.

"A la Argentina le corresponderían unas 30.000 toneladas sin aranceles", planteó Miguel Schiariti, presidente de la Cámara de la Industria de la Carne (CICCRA). A esto se agregan los beneficios en la Cuota Hilton, un cupo que permite al país colocar en ese bloque 29.500 toneladas de cortes premium. Ahora paga 20%, mientras que si prospera el TLC, la alícuota bajará al 0%.

También hay un largo listado de productos que dejarán de tributar apenas se ratifique el acuerdo, muchos de los cuales son fundamentales para las economías regionales. En ese grupo figuran soja y derivados, aceites, manzanas, peras, duraznos, ciruelas, pasas de uva y uva fresca y algunos productos de pesca.

En el caso de la industria azucarera, se beneficiará con un cupo de hasta 180.000 toneladas anuales sin aranceles, mientras que hoy sufren un recargo de 98 euros por tonelada.

Hay otro grupo de bienes que podrán ingresar sin cuotas ni aranceles pero tras un período de cuatro a diez años. Entre ellos figuran cítricos, hortalizas, algodón y biodiesel, entre otros.

En el caso de la industria vitivinícola, se irán beneficiando con una reducción paulatina desde su implementación hasta el octavo año.

Fuentes del sector consideraron este TLC como "fundamental", dado que la Argentina "es el país menos internacionalizado a nivel mundial en el negocio del vino".

"Estas naciones importan 2.600 millones de litros de vino anuales. El potencial que tenemos como industria allí es enorme", agregaron en diálogo con iProfesional.

Sin embargo, durante la reunión, los funcionarios expusieron un potencial foco de conflicto: la cláusula incluida en el texto firmado por el anterior gobierno establece que "las autoridades europeas podrán actuar para proteger la salud humana, animal, vegetal o medioambiental frente a riesgos incluso si los análisis científicos no son concluyentes".

Esto, según los críticos del TLC, hace suponer que las normas sanitarias y fitosanitarias podrían seguir funcionando como una traba extra arancelaria a las importaciones.

"Con esta cláusula, no hay que extrañarse si los europeos frenan un embarque de soja", advirtió uno de los que participó del encuentro.

Los "perdedores" ya buscan cubrirse

Desde Red Observar, un think tank conformado por el Centro de Economía Política y el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior, entre otras agrupaciones- también advirtieron sobre los términos del acuerdo: "No reconoce en ningún tramo el concepto de asimetría entre las partes".

En paralelo, un reciente trabajo realizado por el Observatorio de Empleo, Producción y Comercio Exterior (ODEP), de Paula Español, quien hoy es secretaria de Comercio, ya había alertado sobre los riesgos de alcanzar el libre comercio con estas potencias: en concreto, proyectan que entran en zona de riesgo 186.000 puestos de trabajo en el sector industrial por la baja de aranceles.

De ese total, los sectores con mayor porcentaje de puestos de trabajo que podrían perderse, según el trabajo, son automotor (9.500, el 28% del total); autopartes (32.500, también 28% sobre el total); rubros sensibles, como calzado, textil y muebles (47.000, 13%) y químico (19.000, 12%).

En paralelo, fabricantes de juguetes, de autopartes y de calzados, coinciden en señalar que son más los riesgos de perder espacio en el propio mercado interno y en el de Brasil que las chances de lograr entrar en el bloque europeo.

Ahora, como se mencionó, todos los sectores afectados están abocados a una tarea que les pidió Kulfas: cada uno deberá presentar un paper en el que deberán consignar todos los riesgos que enfrentarán con el tratado. Luego, un documento final con esos reportes acompañará al texto firmado por ambos bloques que se enviará al Congreso para que esté disponible para los legisladores. 

"La idea es que sepan el perjuicio que puede causar este tratado a la industria nacional", afirmó uno de los empresarios Pymes que estuvo mano a mano con Kulfas.

En diálogo con iProfesional, Miguel Ponce, referente del comercio exterior argentino, aseguró que "trajo sorpresa el resultado de la reunión con el ministro porque los empresarios Pyme dijeron: 'Si hay gente que ayer estuvo en ProTejer (por Schale) del otro lado del mostrador, va a ser fácil de conseguir que hayan modificaciones a los temas que nos afectan. Pero Kulfas, con riguroso criterio político les dijo: 'Aquí hay continuidad institucional', así que no se puede borrar lo que firmó el Ejecutivo. 

Un problema crónico

Desde el IERAL reconocieron que la integración con la UE, de concretarse, "puede desplazar a algunas empresas y actividades manufactureras".

Pero aseguraron que el sector industrial también tendrá oportunidades. Y pusieron como ejemplo lo que sucedió con la marca Seat: "Producía vehículos de baja calidad en la España protegida pero, de a poco, tras la integración con Europea, se transformó en un competidor global".

En el caso de la Argentina, auguraron que habrá más exportaciones por la especialización en el segmento de las pick ups.

Sin embargo, el temor está en los graves problemas de competitividad que arrastra la Argentina. Según el último relevamiento realizado por el World Economic Forum, el país ocupó el puesto 83 de un listado de 141 naciones.

En 2016, previendo que se venía este acuerdo, el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, lo puso en estos términos: "Les damos a los empresarios argentinos cuatro años para ir al gimnasio, entrenar, prepararse, y en cuatro años salen a la cancha". Sin embargo, en ese plazo se avanzó poco y nada.

"La Argentina no está en condiciones de firmar acuerdos con nadie. Está muy mal en materia de competitividad. Incluso Brasil, que estaba a nuestro nivel, nos superó con la reforma laboral, la actual reforma previsional y la tributaria, que ahora están impulsando", planteó Raúl Ochoa, uno de los históricos negociadores del Mercosur.

"El acuerdo puede ser positivo si se avanza en la productividad, ahora si la Argentina se abre y no mejora su competitividad, entonces va a haber un problema de desempleo", señalaron desde la consultora EcoGo.

Un dato clave: el propio secretario de Industria, Ariel Schale, cuando era directivo de ProTejer, fue crítico del acuerdo que la Argentina había firmado con  la UE porque no estaban dadas las condiciones para aprobarlo.

"Tenemos un sector industrial con una eficiencia sectorial de clase mundial, en una economía no competitiva. Entonces, es riesgoso salir a entregar un mercado de bienes industriales al mundo sin resolver las cuestiones de competitividad", afirmaba muy poco tiempo atrás a este medio.

Es decir que, bajo la óptica del ahora funcionario, este acuerdo puede ser más un problema que un beneficio.

¿La salida es entonces avanzar con la reforma laboral? "No hay plafón político", afirmó un empresario Pyme que participó en la reunión con Kulfas.

Sin embargo, reconoce que, en tanto y en cuanto crezcan las chances de que en el Congreso tenga luz verde, más será la presión de todo el arco industrial para avanzar con una reforma de este tipo. Y el hecho de que en Brasil se haya aprobado no hace más que agregar una dosis extra de presión.

Y esto supone, claro, otro capítulo muy conflictivo: el choque entre empresas y gremios, que ya salieron a resistir el intento "flexibilizador" del macrismo. También, lógicamente está la postura del Gobierno, quien ya rechazó de plano avanzar con una reforma y privilegió hablar de "modernización" laboral.

En este contexto, Ponce habla del surgimiento de varias grietas, tanto entre sectores productivos como entre legisladores, incluso del mismo partido: "Hay sectores apurados para que el acuerdo se firme. Otros, en cambio, quieren modificaciones que ya no se pueden introducir al acuerdo o directamente que el mismo se caiga. La gran pregunta es cómo van a actuar los legisladores de zonas agropecuarias importantes; cómo lo van a hacer los que responden a las economías regionales y cómo lo harán aquellos que están en áreas donde hay un gran desarrollo de metalmecánica. ¿Van a votar igual? ¿Va a haber una puja aún perteneciendo a la misma fuerza? Esto va a ser todo un desafío en términos políticos".

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